En la mañana del miércoles 11 de marzo se llevó acabo en la OGJ de la ciudad de Las Toscas, la sentencia a Enrique Heriberto Montenegro de 58 años de edad, domiciliado en la calle 18 entre 17 y 19 de la ciudad cañera, quien fue declarado responsable penalmente del abuso sexual con acceso carnal a dos nenas de 09 y 11 años respectivamente, hechos ocurridos entre septiembre del año 2013 y octubre del año 2014.
Montenegro enfrentó el juicio en libertad, ya que cuando fue apresado en el año 2014, solamente estuvo 45 días de prisión preventiva, en ese momento y con el sistema judicial anterior, el fiscal de la causa fue el doctor Rubén Martínez, y quién participó como fiscal en el juicio oral y público, fue el doctor Juan Sebastián Marischal, quien solicitó una condena de 15 años de prisión, asiste como asesor técnico del imputado, el defensor oficial, doctor Sergio Alberto Olivera, quien en los alegatos solicitó la libertad de su defendido, mientras que el tribunal está conformado por los siguientes magistrados: Santiago Roberto Banegas preside el tribunal y lo acompañan, la doctora Claudia Graciela Bressan y el doctor Gonzalo Basualdo.
La resolución de los magistrados dice que Montenegro es autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado en dos oportunidades a dos niñas menores de 09 y 11 años respectivamente, que son hermanas entre si y una de ellas es ahijada del abusador.
De acuerdo a la nueva figura legal invocada en éste caso, la sentencia en cuanto al tiempo que la justicia dictaminará para el responsable del aberrante hecho, se leerá en una audiencia que se llevará a cabo en la mañana del jueves 12 de marzo, después de la comparencia de varios testigos que presenta la defensa de Montenegro, que seguramente no variará en nada la responsabilidad del reo en la causa ya juzgada, porque se le ha declarado culpable del delito imputado.
Terminada la lectura de la sentencia, el fiscal Marischal adelantó que solicitará la prisión preventiva del condenado en primera instancia, ya que existe el peligro de fuga, porque la pena mínima del hecho juzgado es de seis años de prisión y la máxima es de quince años de prisión, que es lo que solicitó el representante del ministerio público fiscal.