El fiscal adjunto de la Las Toscas, el doctor Nicolás Maglier, imputó de ‘’Coacciones Agravadas’’ a la concejal de Florencia, Mirta Vallejos y a su recaudador Mauro Sánchez, quienes, según las denuncias de por lo menos 17 víctimas que reciben beneficios sociales provenientes de la provincia de Santa Fe y/o de la nación; ambos le exigían el pago de pesos dos mil a cada uno que cobraba el plan de 8500 pesos, 1.500 pesos por el otro beneficio y mil pesos por beneficios extras; los presionaban a través de mensajes de textos y/o WhatsApp, exigiéndoles dichos montos y aquellos que oponían reparos a la entrega del dinero, le amenazaban con suspenderles el beneficio.
Los 17 damnificados coincidieron que ésta modalidad coactiva y delictiva la venían sufriendo desde principios del año 2017; por eso se animaron a pedir una reunión con el intendente de la ciudad fronteriza, el señor Rubén Carlos Quaín, que al recibir todos los testimonios, dialogó con el fiscal regional, doctor Rubén Martínez y le preguntó que hacía con, lo que él consideraba una grave denuncia; el funcionario judicial le contestó que envíe a su despacho todos los testimonios recibidos, volcados en un acta y firmado por los denunciantes.
A partir de allí el funcionario judicial se hizo cargo de la causa y solicitó al titular de la Agencia de investigación Criminal, comisario Fabián Ramírez, que lleve adelante una exhaustiva investigación, quién luego de las entrevistas con todos los damnificados y el cotejo de datos con los entes oficiales de donde provenían los beneficios, ha logrado un sinfín de pruebas que lo incrimina a Mirta Vallejos y a Mauro Sánchez, ‘’El Recaudador’’, entre los cuales figuran 60 CD con grabaciones de testimonios de los damnificados, amenazas, coacciones y aprietes varios.
Luego de finalizada la audiencia, el fiscal Nicolás Maglier, aclaró que la calificación legal de la causa en principio es Provisoria ‘’Coacciones agravadas’’, porque los investigadores de la agencia de investigación Criminal a cargo del comisario Fabián Ramírez, continúan trabajando y podría desprenderse d
el resultado de la misma, que también existe delito federal, del cual tendrá que instruir la justicia federal, a través del fiscal correspondiente; en principio para aclarar ésta calificación, tiene un reproche penal de dos a seis años de prisión.
También acotó que se les impuso una serie de restricciones a los dos imputados, que no pueden tener contacto, ni acercarse en forma física ni a través de ningún medio a los damnificados, ya que en la denuncia figura que ambos amenazaban a los 17 denunciantes, no solo para que desistan de las acusaciones y denuncias, sino que carguen con la responsabilidad de dichas denuncias a un plan orquestado por el intendente de la ciudad de Florencia Rubén Carlos Quaín. Al consultársele sobre las medidas a tomar en el desarrollo de la causa, sostuvo que todo depende de los resultados que vayan obteniendo de la investigación en curso; lo concreto es que si existiera algún tipo de entorpecimiento por parte de los imputados, no dudará en solicitar al juez de la IPP, que se ordene una medida cautelar de prisión preventiva efectiva.
También dialogamos con el intendente de la ciudad fronteriza, Rubén Carlos Quaín, aclaró que la denuncia penal por las retenciones a los beneficiarios de ayudas sociales en esa ciudad, comenzó cuando llegaron hasta él, un número indeterminado de beneficiarios del movimiento a revelar lo que estaba sucediendo, “me pidieron una reunión, se hizo un acta y la elevé a la fiscalía”, dijo el Intendente, contó que el acta está firmado por muchos beneficiarios, dijo que además del reclamo de esas personas, en el acta esta denunciado lo que le quitan a los beneficiarios de las ayudas sociales.
Quaín agregó que la investigación a través de la justicia, es clara, contundente, seria y está dando los resultados que la sociedad espera “la gente firmó, se hizo un acta formal y lo elevamos a la fiscalía regional, al doctor Rubén Martínez”, el funcionario dijo que la quita de los beneficios sociales van de mil a dos mil pesos por persona, según los reclamos que él tuvo acceso, aclaró que la reunión fue solicitada por la gente a la que le estaban sacando los beneficios.
De acuerdo a lo que escuchamos por parte de las personas damnificadas, interpretamos que el hombre que recauda, es un puntero de la misma agrupación, Mauro Sánchez, que al igual que Mirta Vallejos sostiene ser los representantes territoriales de CETEP, también de la Asociación civil ‘’Isidro Velázquez’’ y del ‘’Movimiento Evita’’ y que el dinero que recaudaban lo elevaban para arriba, “no dicen a quién, siempre se manifestó que iba para arriba, pero no sé a quién”, marcó el Intendente de Florencia.
Finalmente Quaín dijo que la señora Vallejos, está acostumbrada a apretar con amenazas de escraches y/o denuncias a los representantes de todas las instituciones de la ciudad de Florencia, policía, bomberos voluntarios, hospital, escuelas, colegios, municipalidad, clubes, en fin, a todos los representantes de la sociedad, los tiene cansados y es muy placentero saber que la justicia se está haciendo cargo de ésta persona que desde hace muchos años, transita la cornisa del delito.