Una Mujer de Villa Ocampo, Carla Roxana Condori, que vive en Barrio Oeste, sindicada como Narco traficante, vendiendo todo tipo de estupefacientes, drogas y demás, la Jueza dispuso dictarle PRISION PREVENTIVA SIN PLAZOS, (Plazo de Ley), por el delito de comercialización de estupefacientes.
A las 08;30 horas del martes 15 de setiembre de 2026, se llevó a cabo en la oficina de gestión judicial “O.G.J” de la ciudad de Las Toscas, las audiencias imputativa y de medidas cautelares a la vendedora de drogas; Carla Roxana Condorí de 33 años de edad, domiciliada en la calle Fray Luís Beltran del Barrio Oeste de la ciudad de Villa Ocampo, quien fue detenida alrededor de lasa 21;40 horas del viernes 11 de setiembre de 2026, en su domicilio particular, convertido en un Bunker proveedor de estupefacientes, drogas ilícitas; la orden de allanamiento fue solicitada por el fiscal Sebastián Galleano y firmada por la jueza penal, doctora Natalia Palud.
Luego de escuchar a ambas partes, la magistrada de la I.P.P, doctora Natalia Palud, dispuso dictarle prisión preventiva sin plazos, (Plazo de Ley) a Carla Roxana Condorí, por el delito de comercialización de estupefacientes.
Carla Roxana Condorí, PRESA por venta de COCAINA.
La investigación incluyó un minucioso seguimiento de movimientos financieros a través de cuentas virtuales, filmaciones discretas y un allanamiento clave en barrio Oeste.
Carla Roxana Condorí de 33 años de edad fue formalmente detenida a las 21;40 horas del viernes 11 de setiembre de 2026, en la ciudad de Villa Ocampo tras comprobarse una serie de conductas compatibles con el comercio de estupefacientes al menudeo. La orden judicial, emitida desde los tribunales de Reconquista, a través del fiscal Sebastián Galleando, convirtió su aprehensión en detención formal mientras avanza el proceso penal en su contra.
Una investigación con cámaras y análisis financiero
El caso se venía cocinando mediante tareas de inteligencia previas que incluyeron vigilancias discretas y registros fílmicos sobre el domicilio de la sospechosa, ubicado en calle Fray Luis Beltrán al 2200, en el barrio Oeste de Villa Ocampo.
Los investigadores policiales lograron documentar un patrón constante: personas que llegaban al lugar, realizaban pasamanos de escasos segundos o minutos y se retiraban rápidamente guardando pequeños objetos.
Además del movimiento en la vivienda, los agentes detectaron que la implicada realizaba reiterados viajes en una motocicleta de 110cc de color rojo. Se presume que utilizaba el vehículo para realizar entregas bajo la modalidad de «delivery» de drogas en distintas franjas horarias.
Un pilar fundamental de la causa fue el rastreo financiero de sus cuentas bancarias y virtuales. Los analistas detectaron un flujo millonario y sospechoso que no coincidía con un perfil comercial lícito:
Se identificaron 172 transferencias de ingreso de dinero provenientes de 58 personas distintas.
Se registraron 88 transferencias de egreso hacia 30 cuentas diferentes.
El volumen total de operaciones analizadas superó los 3.8 millones de pesos en ingresos.
Los movimientos mensuales mostraron un salto abrupto: de promediar unos $450.000 a fines de 2025, pasaron a picos mayores a los $2.000.000 por mes a principios de este año.
El allanamiento y los elementos secuestrados
Con todas estas pruebas recolectadas, la Justicia autorizó un allanamiento en el inmueble del barrio Oeste. El procedimiento dio resultados positivos e inmediatos, lográndose incautar elementos de alto interés para la causa: Diez envoltorios de nylon con cocaína, con un peso total de 4,5 gramos.
Una balanza de precisión que, al ser analizada, arrojó vestigios de cocaína. $220.300 en billetes nacionales y 30 dólares en efectivo.4 teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes para abrir nuevas líneas de investigación.
Calificación legal y riesgos procesales
La Fiscalía encuadró el hecho bajo la carátula provisoria de Comercialización de Estupefacientes en carácter de autora, un delito tipificado en el artículo 5 inciso C de la Ley Nacional Nº 23.737.
Al fundamentar la continuidad de su detención en una dependencia policial, las autoridades consideraron que existe un severo peligro de fuga debido a la alta expectativa de la pena. Asimismo, se remarcó el peligro de entorpecimiento probatorio, ya que, si la imputada recuperaba la libertad de inmediato, existía un riesgo real de que borrara evidencias digitales de los teléfonos incautados o coordinara acciones con terceros involucrados que todavía no fueron identificados.
