FLORENCIA: Concejales Trataran la Separación del Cargo de la Concejal Mirta Vallejos

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A pedido de la concejal justicialista Ana Ansermet, el concejo deliberante de la ciudad de Florencia, tratará en la sesión ordinaria del miércoles 04 de noviembre de 2020, la separación del cargo de la concejal Mirta Vallejos, sin goce de haberes.

El hecho está enmarcada en una situación que comenzó a ser pública a través de la denuncia efectuada por 17 damnificados de la señora Vallejos, quienes afirmaron ante la justicia, que ésta concejal los estafó en varias oportunidades; la denuncia los tomó el fiscal Regional, doctor Rubén Martínez y solicitó al fiscal Nicolás Maglier que judicialice la causa, ella junto a su recaudador fueron imputados de delitos graves.

En base a ello el cuerpo deliberativo florentino debatirá el próximo miércoles 04 de noviembre, ya que la grave actuación de ésta legisladora local, está dañando gravemente la institucionalidad y por sobre todas las cosas, la credibilidad de los funcionarios públicos elegidos democráticamente por el pueblo, para que los representen.

La legisladora, a través de la presentación del proyecto de ordenanza, solicita que el honorable cuerpo, acompañe con su voto, para que la misma sea separada del cargo de concejal, sin percibir sus haberes mensuales, hasta tanto la justicia que ya está actuando, emita la resolución correspondiente; alegando además que nadie puede representar dignamente al pueblo, si está involucrado en un hecho delictivo tan grave como éste; donde se los acusa de haber estafado a un grupo de personas vulnerables y necesitadas que ni siquiera tenían para llevar el pan a sus hogares.

Mirta Vallejos y Mauro Sánchez fueron imputados por la justicia.

El fiscal Nicolás Maglier imputó a Mirta Vallejos el delito de coacciones reiteradas en número indeterminado de veces, en carácter de autor; y a Mauro Sánchez, el mismo delito en carácter de partícipe necesario, según Art. 149 bis, 2do párrafo, del Código Penal Argentino, que establece que será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

Las víctimas son en principio 17 beneficiarios de planes sociales, quienes contaron que desde hace al menos dos años hasta la denuncia, a cambio de esa ayuda estatal, debían entregar un aporte a la líder del Movimiento Evita, siendo Sánchez su recaudador habitual.

La denuncia penal la radicó el intendente de la ciudad de Florencia, Rubén Quaín, con la firma de 17 damnificados, como Elsa Palacios, Miguel Obregón, Juan Carlos Sosa, Aldana Valenzuela, Claudia Quintana, Roberto Valenzuela, entre otros, quienes dijeron formar parte del Movimiento Evita cuya referente es Mirta Vallejos, concejal de la ciudad de Florencia.

Según contó el fiscal, para recibir un beneficio social de $8.500.- debían aportar $2.000.-; y en caso de beneficios extras, más aporte, que según les decían, eran recaudados para enviar a alguien de “más arriba”, que al menos hasta aquí, nadie identificó.

Según la denuncia, los recaudadores ponían fecha y hora límite para entregar el dinero.

Las supuestas víctimas dicen tener como prueba, mensajes, aunque la mayoría de las coacciones eran vía telefónica.

Otra condición que se les exigía a cambio de seguir recibiendo la ayuda social, era “que se manifiesten contra el intendente en Facebook y otros medios”.

Tras la denuncia del intendente -muy enfrentado con la concejal Vallejos- la Policía de Investigaciones recogió testimoniales de las víctimas y constató teléfonos y mensajes de Mauro Sánchez y de Mirta Vallejos. Para investigar se intervinieron líneas telefónicas de ambos imputados, donde surgen elementos de convicción suficiente para imputarles delitos, detalló en la audiencia el representante del Ministerio Público de la Acusación. “Mirta Vallejos gestionaba los beneficios a cambio de un porcentaje. Mauro Sánchez era el encargado de la cobranza y presionaba de diversas formas por el pago“, remarcó el fiscal Maglier.

Otras pruebas recolectadas hasta aquí son las entrevistas realizadas a beneficiarios de planes sociales, un dictamen de la Inspección general de personería jurídica, transcripción de escuchas telefónicas grabadas en 60 CDs; y un cuaderno secuestrado por la policía el 7 de abril de 2020.

A Vallejos y Sánchez se les avisó que “la investigación continúa” y que no deben comunicarse con los denunciantes, además de mantener el domicilio declarado. Fueron asistidos ambos por el abogado defensor Carlos Ychaer.

Ninguno de los dos imputados quiso hablar para defenderse.

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