El Caso del Policía Extorsionador Preso En Rosario Ahora También Relacionan Negocios en Villa Guillermina

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Un policía detenido en Rosario por extorsionar a una banda dedicada a usurpar viviendas de forma violenta, fue denunciado en Villa Guillermina, de donde es oriundo en el norte de Santa Fe, por venta clandestina de combustible y garrafas, lo cual convierte los alrededores de su casa familiar en un verdadero polvorín que tiene aterrados a los vecinos

La detención en Rosario de suboficial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Alberto Orlando Rodríguez por extorsiones a una banda de usurpadores de casas recorrió la provincia de sur a norte y rápidamente se desparramó por las calles de la apacible Villa Guillermina, en el departamento General Obligado al límite con Chaco, donde nació y se crio el uniformado.

En ese pueblo donde todos se conocen, ya era vox populi una gravísima situación que roza al agente, relacionada a la venta ilegal de combustible y garrafas en una casa ubicada en Paraná 436, donde actualmente residen la madre y un hermano. Desde diciembre pasado la Fiscalía de Reconquista tiene en su poder la denuncia que alertó sobre la carga y descarga permanentemente de tambores de 500 litros de nafta y gasoil con el sello de YPF, y garrafas de gas de 10 y 15 kilos en un espacio que no está habilitado para esa actividad. Pero hasta el momento no se activaron medidas para determinar si el negocio cumple con las normativas. Ante la asombrosa inacción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) frente a una actividad extremadamente peligrosa que pone en riesgo la vida de los habitantes de Villa Guillermina, Incluso arriesgan que el dinero que sustentaría ese y otros emprendimientos del entorno del policía fluye desde Rosario. “Es una familia humilde, y los ingresos del policía, por más adicionales que haga, no dan para que encare esos negocios”, razonó un vecino del pueblo consultado por Aire Digital. La sospecha toma forma con la detención de Rodríguez en Rosario.

Una punta en Rosario, la otra en el norte

La trama primero se develó en Rosario. El 9 de septiembre un matrimonio boliviano sufrió un feroz tiroteo contra su casa de Fraga al 700 bis. La hija de 11 años de la pareja resultó herida, pero no de gravedad. Esa familia había hecho un esfuerzo descomunal para comprar la casa, de buena fe, en 1.400.000 pesos. Tres policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se presentaron ante las víctimas: Alberto Orlando Rodríguez, oriundo de Villa Guillermina; el suboficial Víctor Alejandro Maldonado, y el oficial Sergio Ramón Bustamante. Como autoridad, debían confeccionar un parte preventivo con las actuaciones y notificar al fiscal de turno, pero lo omitieron. En su lugar acopiaron información que confiadamente les dieron las víctimas. La familia contó que había tenido problemas con la persona a la que le compraron la casa, un gestor de nombre Miguel Ángel Herrera, y le mostraron a los policías una foto y el sitio de facebook “cirujeando” a través del cual hicieron contacto. ¡“Este es Herrerita”!, dijeron fuentes de la pesquisa que se frotó las manos el policía Rodríguez al ver la foto, demostrando tener vínculos previos con la red delictiva. Según una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego se comunicó con Herrera y el abogado Juan Pedro Chía (con oficinas frente a Tribunales) para exigirles de manera coactiva el pago de 200 mil pesos a cambio de no realizar allanamientos o impulsar un legajo penal. La banda de estafadores quedó al descubierto a finales de diciembre con la denuncia del matrimonio boliviano, lo cual desembocó en la detención de seis personas, aunque se estima que hay por lo menos 30 involucrados. Los fiscales Valeria Haurigot y Federico Rébora pudieron desgranar la mecánica de las estafas y aprietes violentos. Según expusieron en una audiencia imputativa en enero, la banda detectaba inmuebles, los usurpaba con personas de la organización, luego falsificaba los títulos de propiedad para simular que eran legítimos dueños o poseedores, y los comercializaba a través de redes sociales o por vínculos personales.

Miguel Ángel Herrera, prófugo y con pedido de captura activa nacional e internacional, se le atribuye comandar la asociación ilícita, y trabajaba en complicidad con el estudio jurídico de Chía. Allí asesoraban a las víctimas con el fin de seducirlas para que compren los inmuebles. Cuando lo lograban, un falso gestor certificaba las firmas de los boletos de compraventa y de cesiones de derechos por medio escribanos públicos. Además de los citados Herrera y Chía, y Maximiliano Oscar García como organizadores; los fiscales ubicaron a Manuel José Lucarelli y Carlos Luis Tavacchi como miembros. A los policías de la AIC Bustamante, Maldonado y Rodríguez, les achacaron ser miembros en la formalidad del legajo. En realidad se valían de sus cargos y el acceso a la información de la banda para luego extorsionarla y hacerse de dinero sucio. Al policía Bustamante también se le atribuyó haber tenido ilegalmente un arma de fuego calibre 22 secuestrada en el allanamiento en su casa el 30 de diciembre pasado. A los otros miembros se le imputó amenazas, usurpaciones, falsificación de documentos públicos y privadas; y estafas referidas a inmuebles de la provincia. Se presume que la organización funcionaba desde diciembre de 2018 En la audiencia del 6 de enero el juez Florentino Malaponte le dictó prisión preventiva por 45 días a García, Chía, y a los policías Maldonado y Rodríguez. Y domiciliaria para Lucarelli y Tavacchi luego de que pagaran cauciones de 10 mil y 40 mil pesos. La misma medida tomó para el suboficial Bustamante, quien deberá cumplir una serie de reglas de conducta. Cumplido ese plazo, hace dos semanas se revisó la medida cautelar de los cuatro primeros, y además se les endilgó un hecho nuevo. La estafa contra un gendarme que fue detenido en inmediaciones del estudio jurídico de Chia violentado e indignado porque lo habían estafado con una casa que adquirió hace algunos meses. Tras una audiencia que se desdobló viernes entre el 26 y 27 de febrero, el juez Gustavo Pérez de Urrechu prorrogó la detención cautelar de Chía, Rodríguez y García por el plazo de ley, mientras que el policía Maldonado (dijo que no tenía acceso a los partes preventivos y se limitaba a manejar los móviles), seguirá preso por 30 días, aunque bajo modalidad domiciliaria. Y aunque el juez se lo rechazó, la defensa de Rodríguez había solicitado en esa audiencia transitar el proceso judicial en prisión preventiva domiciliaria en su casa del pueblo, donde se comprometía a quedar bajo el cuidado de su madre y un hermano, a trabajar como empleado administrativo en una remisería, y ofreció un auto como caución. “La complejidad de esta causa radica en que el jefe de la banda de usurpadores está prófugo, y fue la víctima de la extorsión policial. Los agentes no serían parte de la asociación ilícita, pero su accionar extorsivo desnuda una problemática gravísima. Son agentes corruptos que aparecen infiltrados en los organismos de investigaciones. Se muestran idóneos e impolutos, pero al final son parte de la trama delictiva. Eso genera un enorme desgaste y retroceso en la política de persecución del delito”, describió una calificada fuente judicial.

Conexión Rosario-Villa Guillermina

Con un sello del Ministerio de Seguridad y la firma de una operadora del Centro Territorial de Denuncias (CTD) de Reconquista, el 3 de diciembre de 2020 se dio por recibida la denuncia penal formal de un vecino de Villa Guillermina, alarmado por el riesgo que representa la venta clandestina de combustibles y garrafas la casa familiar del policía Rodríguez, lo cual podría causar un desastre. El escrito advierte sobre hechos que “podrían configurar delitos” por parte del señor Alberto Orlando Rodríguez, conocido como “Beto”, domiciliado en Paraná 436 de Villa Guillermina. Expone que “desde hace un tiempo” (sin precisar desde cuándo) “vende en su negocio combustible y garrafas de gas a gran escala”, bajo la duda de que lo hace “sin habilitación municipal”. Esa actividad “significa un combo explosivo importante, y pone en riesgo a toda la zona”, a lo que se suma el agravante de que en esa localidad no hay dotaciones de bomberos de generarse una explosión a gran escala. El denunciante sugiere que el proveedor es un camión con la marca de YPF, que pertenece a un comerciante de Las Toscas, localidad ubicada a unos 29 kilómetros de Villa Guillermina.

“De hecho, a marzo de 2020, el expendio de gas y combustible sigue funcionando como si nada. De hecho y según pudo saber Aire Digital, es permanente la carga y descarga de tambores con combustible y garrafas de manera, sin respetar medidas de seguridad, normativas específicas y protocolos para la manipulación y acopio de los peligrosos componentes. “Es un combo, un polvorín que puede explotar en cualquier momento”, se alarman las personas consultadas por este medio. Una cuestión más espinosa son los negocios que de la nada levantó la familia de Rodríguez, principalmente un hermano. En el pueblo se sabe que regentea una flota de remises, tiene emprendimientos inmobiliarios, una cancha de fútbol cinco con césped sintético, y un supermercado. “Al otro día te venden carne pero nunca vimos el camión de un frigorífico”, agregaron vecinos sobre la dinámica del mercado.

El recorrido de Rodríguez no es desconocido en esa porción del norte provincial. El propio fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, está al tanto de la denuncia del vecino de Villa Guillermina. Pero a tres meses de formalizada, no hubo una sola medida, al menos preventiva o administrativa para aminorar los riesgos en el punto de venta de combustible. Otro antecedente importante es que en la ex Asuntos Internos de la Policía Provincial (ahora Agencia de Control Policial) también existe una presentación telefónica del 25 de diciembre de 2020 sobre estas cuestiones. Incluso, el oficial que la recepcionó recalcó que la comunicación quedaba grabada y luego sería transcrita y elevada a las autoridades. Mientras tanto, y según pudo conocer Aire Digital, la Fiscalía de Rosario que investiga las extorsiones a los usurpadores de viviendas, sigue de cerca el historial de Rodríguez en su pueblo natal. El viernes se giró un oficio a la Fiscalía de Reconquista para entrecruzar información y pesquisar el aspecto relacionado a los negocios de su familia en Villa Guillermina.

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